Es bien sabido que en el Estatuto Tributario (Decreto 2649 de 1989) trae una completa regulación de los medios probatorios que se tienen en cuenta en la discusión de los tributos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, pruebas cuya solicitud, decreto, valoración y práctica, sigue los principios de la teoría general de la prueba, como el principio de la necesidad de la prueba (artículo 742 del Estatuto Tributario), el principio de libertad probatoria, el principio de in dubio contra fiscum (artículo 745 del Estatuto Tributario), el principio de valoración de la prueba, entre otros.

El artículo pretende dar un vistazo sobre la inspección tributaria, uno de los medios de pruebas más utilizados en los procedimientos administrativos tributario, medio probatorio que es totalmente diferente a la inspección contable.

Lo primero que debemos tener en cuenta que en el procedimiento administrativo tributario (que es distinto de los procesos contenciosos administrativo tributario) se debe observar el principio de la preclusión (Whittingham García, 2011), principio que consiste en el deber de atender las distintas oportunidades procesales previstas por el Legislador para aportar y solicitar pruebas; pues en el decreto de pruebas tiene efectos procesales importantes, como es el caso de la práctica de la inspección tributaria que suspende los términos para notificar el requerimiento especial, hasta por tres meses si se practica de oficio, o mientras dura la práctica de ella, si es a solicitud de parte (artículo 706 del Estatuto Tributario).

Igual sucede con la inspección contable que suspende los términos para notificar la liquidación de revisión (artículo 710 ibídem). También la práctica de la inspección tributaria suspende los términos para resolver los recursos administrativos, lo cual se computa para efectos del silencio administrativo.

Aspectos anteriores que cobran mayor relevancia en la medida en que la firmeza de una declaración tributaria depende de la notificación de dichos actos administrativos dentro de una oportunidad legal. Es por ello que del principio de preclusión exige que dentro de los procedimientos de determinación de tributos e imposición de sanciones debe allegar las pruebas al expediente dentro de las oportunidades que señalen el Estatuto Tributario; y si las pruebas no fueron aportadas en el momento que señala la Ley, como es obvio, no pueden ser tenidas en cuenta.

Ahora bien, la inspección tributaria está prevista en el artículo 779 del Estatuto tributario, modificado por el artículo 137 de la Ley 223 de 1995, en el cual precisa el concepto de inspección tributaria, definiendo como un medio de prueba en virtud del cual se realiza la justificación directa de los hechos que interesan a un proceso [procedimiento] adelantado por la DIAN, y para verificar su existencia, características y demás circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la cual pueden decretarse todos los medios de prueba autorizados por la legislación tributaria y otros ordenamientos legales, previa la observancia de las ritualidades que les sean propias.

Anteriormente solo estaba destinada al examen parcial o general de los libros, comprobantes y documentos tanto del contribuyente como de terceros obligados a llevar la contabilidad, asimilando a una inspección contable; solo tenía esa virtud si era decretada como inspección sobre libros de contabilidad.

De la definición señala en el citado artículo 779 del Estatuto tributario, de la inspección tributaria, se diferencia con la inspección contable, por cuanto ésta está destinada a comprobar la información contable sobre el examen físico de los libros de quienes están obligados a llevarlos.

Tenemos entonces, que la inspección tributaria es un medio de prueba cuya destinación es confirmar la situación real del contribuyente ante los hechos que pueden determinar sus tributos o la imposición de sanciones, por cuanto puede recaer sobre cualquier aspecto que conduzca la veracidad.

La inspección tributaria se practica previa notificación al contribuyente del auto que la decrete (artículo 706 del Estatuto Tributario), en el cual se deben indicar los hechos materia de la prueba y los funcionarios comisionados para practicarla. Luego deberá levantarse un acta debidamente detallada de lo observado, de las informaciones aportadas por quienes estuvieron presentes y de los documentos que se alleguen, indicando la fecha en que ella se abre y termina. Dicha acta debe ser firmada por quienes intervinieron.

Es de anotar que para la notificación del citado auto que decreta la práctica de la inspección tributaria se debe aplicar la regla del artículo 565 del Estatuto Tributario, cuya notificación debe ser por correo o personalmente.

Ahora bien, respecto del traslado del acta de visita, se le hace al contribuyente con el requerimiento especial y éste tiene la oportunidad de formular objeciones a la exhibición y examen de los libros, igual tiene la posibilidad de solicitar, presentar pruebas y probar contra el acta de inspección por medio de su propia contabilidad.

Lo anterior, dicha inspección apenas contiene el levante de una comprobación de hechos que pueden ser desvirtuados por cualquiera de los medios probatorios; dicha inspección no podrá ser reemplazada con la inspección contable, pues, como lo explica Whittingham García (2011), la mayoría de veces la hacen los funcionarios que no son Contadores Públicos.

Es por ello que la inspección contable es totalmente distinta de la inspección tributaria; pues en virtud de los artículos 138 y 271 de la Ley 223 de 1995, las inspecciones contables deberán realizarse bajo la responsabilidad de un Contador Público, y es nula la diligencia de la inspección contable sin el lleno de este requisito.

De la inspección contable, según el artículo 782 del Estatuto Tributario, la DIAN podrá ordenar la práctica dicha inspección al contribuyente como a terceros legalmente obligados a llevar la contabilidad, para verificar la exactitud de las declaraciones, para establecer la existencia de hechos gravados o no, y para verificar el cumplimiento de obligaciones formales. Tenemos entonces, que la inspección contable solo es posible practicarla a quienes están obligados a llevar los libros de la contabilidad; aunque no impide para el contribuyente solicitarla como prueba para acreditar las afirmaciones que formule.

Respecto de la presunción de veracidad del acta de la inspección contable, la puede desvirtuar el contribuyente a través de diversas maneras. Asunto que es importante mencionar, que si se trate de aspectos que debieron estar en los libros de contabilidad y éstos no se exhibieron, la realidad de tales hechos puede demostrarse por otro medio, pues ya no puede hacer valer los libros, salvo que exista una causal de fuerza mayor (Whitttingham, 2011).

 

Artículo escritor por:

Carlos F. Forero Hernández

Contador Público, egresado de la Fundación Universitaria San Martín sede Ibagué. Abogado de la Universidad de Ibagué. Candidato a Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre seccional Pereira.